Según James Ramos, Presidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado Zulia.
Ley de Impuesto a los Grandes Patrimonios, es un impuesto a las riquezas ficticias
Nota de Prensa
Desde el gremio contable, proponen el desmontaje de impuestos regresivos
El 30 de noviembre culmina el plazo para declarar y pagar el Impuesto a los Grandes Patrimonios (IGP), impuesto dirigido a los contribuyentes calificados como especiales, cuyo patrimonio neto sea igual o superior a 150.000.000 de Unidades Tributarias (UT), es decir, 7.500 millones de bolívares. Este nuevo tributo es implementado en un momento donde gran parte del sector empresarial sobrevive en medio de una crisis económica
El Licenciado James Ramos, Presidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado Zulia. A pesar de todo el esfuerzo que se encuentra realizando la Administración Tributaria por brindar información, generar instructivos y actualizar el portal fiscal. “La utilización, de mecanismos imperfectos de valoración por parte de la ley, que permitan conocer el valor de mercado de los bienes inmuebles, ha generado en los contribuyentes dudas y la búsqueda de distintas opiniones profesionales, con el fin de tomar una decisión apropiada y ajustada a derecho por parte de los administradores o gerentes de las empresas, trayendo como consecuencia el pago del tributo a última hora”.
Explicó Ramos que: “Uno de los alicientes que puede generar la creación de este impuesto de característica proporciona, es que el ejecutivo inicie un proceso de desmontaje de los tributos regresivos, como el Impuesto al Valor Agregado, el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras y el Régimen Temporal de Pago; estos los dos últimos a pesar de ser temporales, a la fecha no se tiene previsto su desmontaje, generando un impacto negativo importante en los flujos de caja de las empresas”.
Según el presidente del CCPEZ y experto en materia tributaria, “El próximo primero de diciembre podemos estar frente a dos escenarios distintos, uno puede ser el otorgamiento de una prórroga de 30 días para declarar y pagar el IGP, solicitado por el sector empresarial; o un segundo escenario, puede ser un proceso de fiscalización masivo por parte de la Administración Tributaria, donde medidas de cierre temporal a establecimientos por incumplimiento sean el común denominador, lo cual, sin duda, estimularía la informalidad que tanto afecta al país”.
El dirigente gremial hizo un llamado a los contribuyentes especiales, a que cumplan con su deber formal, de pagar el Impuesto a los Grandes Patrimonios, para evitar futuras sanciones.
miradinformativo 